SurDH, Red de Derechos Humanos de Venezuela: El Estado de Israel debe ser condenado por crímenes de guerra contra el pueblo palestino

Caracas, 4 de agosto de 2014

PRONUNCIAMIENTO

SurDH, Red de Derechos Humanos de Venezuela: El Estado de Israel debe ser condenado por crímenes de guerra contra el pueblo palestino

“Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, la realización del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta” Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU

La Red SurDH suma su voz a la condena generalizada de la agresión militar en la Franja de Gaza y el asesinato indiscriminado de civiles palestinos por parte del Estado de Israel – una potencia colonial que viola sistemáticamente el derecho internacional, con el apoyo o connivencia de las principales potencias occidentales.

El actual ciclo de agresión masiva contra el territorio de Gaza, que se inició hace más de tres semanas, es una vez más justificado por las autoridades del Estado de Israel como el ejercicio de su derecho a la defensa. No obstante, el propio Estado de Israel se encuentra en permanente violación del derecho internacional humanitario, que le obliga a proteger a la población civil en los territorios ocupados y a abstenerse de las prácticas de anexión de territorio y limpieza étnica que lleva a cabo; así como del derecho internacional de derechos humanos, al no respetar los derechos de la población palestina. Por su parte, al pueblo palestino le asiste el derecho de rebelión frente a la potencia ocupante, lo que no le exime de respetar los derechos humanos y abstenerse de ataques indiscriminados contra población civil.

Los bombardeos aéreos y posterior invasión terrestre han generado nueva destrucción de la precaria infraestructura civil de Gaza y han supuesto un saldo al 4 de agosto de al menos 1.837 víctimas mortales – la inmensa mayoría de las cuales son civiles, incluyendo 401 niños y niñas, 238 mujeres y 74 adultos mayores– y cerca de 9.500 heridos (una tercera parte de los cuales son niños y niñas). Mientras, entre la población israelí se han producido 3 víctimas civiles, y las restantes 63 víctimas son soldados que formaban parte de la nueva invasión militar a un territorio que ha estado sometido a la ocupación militar desde 1967, y que enfrenta un férreo e inhumano bloqueo de consecuencias equivalentes a la ocupación del territorio.

En la Franja de Gaza viven 1.600.000 personas, 1.200.000 de las cuales son refugiadas. “Durante la última década”, señala la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), “la situación socioeconómica en Gaza ha estado en constante retroceso”. El bloqueo ejercido por Israel desde 2007 “ha producido una grave crisis humanitaria”, llevando en la actualidad a que el 80% de su población dependa de la ayuda internacional, mientras que 57% de los hogares sufren inseguridad alimentaria.

El 30 de julio se produjo el sexto ataque a una escuela de la UNRWA en Gaza, en el que murieron al menos 20 de las 3.300 personas que se habían desplazado a la misma en busca de refugio. El Comisionado General de la agencia condenó el ataque “en los términos más enérgicos” y lo calificó de “grave violación del Derecho Internacional”. También informó que habían comunicado reiteradamente a las fuerzas israelíes la ubicación exacta de la escuela -la última de las ellas “apenas unas horas antes del fatal bombardeo”- para asegurar la protección de la población refugiada. Posteriormente se han producido al menos 2 ataques más a infraestructura de la ONU, con nuevo saldo de víctimas mortales. El Secretario General de la ONU llamó a asegurar la responsabilidad de quienes perpetraron estos actos, que consideró una “atrocidad moral” y una “grave violación al derecho internacional humanitario”.

De acuerdo a la UNRWA, la mayoría de las víctimas de la agresión actual han muerto producto de “lo que parecen ser ataques deliberados a residencias”. La agencia ha condenado firmemente el uso de la fuerza “por parte de las fuerzas de seguridad de Israel en Gaza que causan víctimas civiles y violan el derecho internacional humanitario, al igual que condenamos el lanzamiento de cohetes desde Gaza”.

Esta operación de bombardeos aéreos masivos e invasión militar terrestre contra el territorio de Gaza, que es la tercera y más mortífera de los últimos seis años, se suma a las consecuencias de décadas de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre otras cosas mediante prácticas como: ocupación ilegal del territorio, desplazamiento forzado de poblaciones, establecimiento de asentamientos ilegales en territorio ocupado, anexión ilegal de territorio por medio de la construcción de muros de segregación y de carreteras de uso exclusivo para colonos, destrucción de los medios de vida de la población local y restricciones sistemáticas a sus derechos humanos, asesinatos selectivos e indiscriminados, secuestros y negación del derecho al debido proceso y establecimiento de un régimen de discriminación y limpieza étnica que ha sido equiparado al régimen del Apartheid sudafricano.

Bajo la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional humanitario, los gobiernos están obligados a impedir la masacre y a asegurar la responsabilidad de los agresores, así como a forzar el desmantelamiento del régimen de ocupación. No obstante, mientras que en los últimos años diversos países latinoamericanos han implementado medidas diplomáticas de presión para lograr ese objetivo, las acciones criminales del Estado de Israel siguen contando con el apoyo del auto-denominado “mundo civilizado”.

La continuidad e impunidad de estos crímenes evidencia la insuficiencia del derecho internacional y el doble rasero de las potencias occidentales: todos los gobiernos que apoyan o contribuyen a justificar la agresión son cómplices de los crímenes de guerra del ejército israelí, especialmente los Estados Unidos de América del Norte (EEUU), país que contribuye con 3 mil millones de dólares anuales al presupuesto militar del Estado agresor y que acude al ilegítimo y obsoleto derecho de veto cada vez que se plantea un desafío a la ocupación ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Saludamos las nuevas medidas de presión diplomática asumidas por diversos gobiernos latinoamericanos en el marco de la presente agresión, e instamos a los gobiernos que han sido consecuentes con los principios de derecho internacional a profundizar estas acciones con el fin de lograr a corto plazo el cese de la agresión, y de manera estructural, el aislamiento del régimen de Israel hasta que se logre el desmantelamiento de sus prácticas de ocupación militar y Apartheid; así como al resto de gobiernos a asumir una actitud cónsona con su obligación internacional de contribuir al respeto irrestricto del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del colonialismo y sus consecuencias.

SurDH también apoya todas las iniciativas orientadas a asegurar el enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional de los principales responsables de los crímenes de guerra cometidos por el ejército del Estado de Israel, especialmente los que han tenido lugar en la última década - incluyendo la denominada Operación Plomo Fundido que tuvo lugar en el invierno de 2008-2009, que también arrojó un dramático saldo en víctimas y daño a infra-estructura civil, y en la que las fuerzas armadas israelíes utilizaron fósforo blanco y bombas de racimo, ambas prohibidas por la legislación internacional.

Finalmente, llamamos a las organizaciones y movimientos sociales solidarios a intensificar la presión social para lograr el fin de la ocupación, por medio de acciones de denuncia pública, movilización de repudio, presión sobre sus gobiernos para que adopten medidas efectivas y apoyo a las iniciativas palestinas por su autodeterminación - especialmente la Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el régimen israelí, impulsada bajo la inspiración del movimiento que acabó con el régimen del Apartheid sudafricano.

Adhieren:

1. Ana Barrios, C.I. 5.451.122, Miembra del equipo coordinador de (Provea 1990-1995). Integrante de Amnistía Internacional Venezuela (2004-2009). Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2000-actual). 
2. Liliane Blaser. Documentalista. Activista en DDHH, con experiencia en Venezuela, Honduras, Irak, Palestina. 
3. Marieva Caguaripano, C.I. 10.378016. Comunicadora. Coordinadora del área de Comunicación e Información, Miembro del Equipo Coordinador, Provea (1990, 1995). Productora de campañas de prevención y concientización sobre embarazo adolescente y violencia doméstica (2010 – 2012). 
4. Alba Carosio, C.I. 11858059. Feminista, Coordinadora de Investigación del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente activa en la Red de Colectivos La Araña Feminista. 
5. Cristóbal Cornieles Perret Gentil. C.I. 10.817.524. Abogado. Miembro de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2006 -); Miembro Consultivo de CECODAP (1999 - 2007); Integrante del equipo de defensa jurídica de ACCSI (1999 ‐2000); Integrante del Colectivo de Atención Integral a los Trabajadores (Aportes, 1995- 1998) e Integrante de Provea (1994- 1995). 
6. Luis Díaz, C.I. 11.488.047. Investigador. Centro para la Paz y los Derechos Humanos. Universidad Central de Venezuela. 1996 – 2009. 
7. Isamar Escalona, C.I. 7.981.055. Responsable de Grupos y Redes. Área de Educación Provea (2000-2006). 
8. Pablo Fernández Blanco, C.I. 23.527.749, Integrante y Coordinador del Programa de Educación en DDHH (1996-2005) y Coordinador General (2006-2012) de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
9. Judith Galarza Campos. Afectada por la desaparición forzada por motivos políticos de su hermana Leticia Galarza, efectuada en D.F. (México) el 5 de enero de 1978. Fundadora del Comité Independiente de Chihuahua pro defensa de los derechos humanos y AFADEM. Actualmente Secretaria Ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de De-tenidos Desparecidos (Fedefam). 
10. Jesús Chucho García. C.I. 4.168.353. Fundación Afroamérica y La Diáspora Africana. 
11. Iván González Alvarado, C.I: 7.379.876. Miembro de la Asamblea y Consultivo Provea (1994 – 2013). 
12. Enrique González, C.I. 29.525.916, miembro de Provea (1995-1999), ACCSI (2000-2001), investigador con Cecodap (2002-2003). 
13. Antonio J. González Plessmann, C.I. 10.866.332, Director de la Línea de Investigación sobre seguridad, convivencia y derechos humanos de GISXXI. 
14. Martha Lía Grajales Pineda, C.I. 29.565.914. Coordinadora Programa Educación en DDHH – Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2008 -2009); integrante de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. 
15. Alejandra Guédez, C.I. 13.748.311. Antropóloga, productora audiovisual e investigadora, con experiencia en comunidades indígenas y afrodescendientes, consejos comunales, cultores populares, adolescentes embarazadas, niños, niñas y jóvenes. 
16. María Lucrecia Hernández, C.I. 26.783.758, abogada y activista de derechos humanos. 
17. María Paula Herrero, C.I. 14.444.733, ejecutora del área de Comunicación e Información, Provea (1989, 1996). 
18. Elba Martínez Vargas. C.I. 6.914.739. Internacionalista. Gerente del Proyecto de Educación en Derechos Humanos de la Sección Venezolana de Amnistía Internacional (1992-1993). Miembra del equipo de Provea (1994-1996). 
19. Vicmar Morillo Gil, C. I. 7958276. Ejecutora del Área de Información e Investigación de Provea (1993-1999/2000-2004). Integrante de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. 
20. Maureen Riveros, C.I. 6.280.434. Comunicadora y activista de DDHH, Comité contra el olvido y por la vida. Provea (1999 – 2006). 
21. Rosinés Villalobos León, C.I. 10.474.725. Integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, (1996 – 2005). 
22. Asia Villegas Poljak, C.I. 6.355.311. Dra. en Ciencias Médicas. Activista del movimiento de mujeres, en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Defensora especial con competencia nacional en las áreas de salud y seguridad social de la Defensoría del Pueblo (2003 – 2004). Coordinadora de la comisión de derechos humanos y garantías constitucionales de la Asamblea Constituyente (1999).
23. Keymer Ávila, C.I. 14.128.739. Abogado, Investigador y Profesor Universitario. Línea de investigación: Sistemas Penales y DDHH
24. María Elena Rodríguez CI 6913399, Miembra del Equipo de Provea (1995-2007), Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2009-actual).
25. José Ángel Rodríguez Reyes CI. 6.295.334. Ex trabajador de Provea. Año 1997-1998. Miembro de Amnistía Internacional de 1984 hasta 1999. 
26. Ricardo Dorado. Exmiembro y excoordinador del área de Defensa Jurídica de Provea (1991 – 1995). Excoordinador General del Colectivo Aportes (1995-1999). Miembro del área de Defensa Jurídica de Provea (1991 – 1995). Coordinador de Área (1995). 
27. Manuel Gándara. Educador en DDHH 
28. Amaylin Riveros, Trabajadora Social. Equipo fundador de la Defensoría del Pueblo (2000-2005). Integrante del Comité Contra el Olvido y por la Vida.
29. José Manuel Iglesias, Sociólogo. Fundador de Barrio TV.
30. Fernando Pintos, Comunicador. Fundador de Barrio TV.
31. Adriana Gregson, Comunicadora. Colectivo Voces latentes. 
32. Pedro Pablo Fanega, C.I. 6.241.410. miembro del Centro de Organización Comunitaria y Derechos Humanos del Estado Vargas, Codehva (2004-2007). Miembro de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (2006-2007). 
33. África Matute, C.I. 18.011.961. Abogada y activista de DDHH, integrante del Programa de atención integral a personas víctimas, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2010 – 2013).
34. Marvelys Sifontes Cerrada, C.I. 13.123.818. Abogada, Trabajadora Social. Activista de los derechos humanos formada en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (más de cinco años) y defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
35. Bárbara Tineo Toro, C.I. 14.531.267. Trabajadora social y activista de DD.HH. 
36. Luis Díaz, C.I. 11.488.047. Investigador. Centro para la Paz y los Derechos Huma-nos. Universidad Central de Venezuela. 1996 – 2009.
37. Jesús Chucho García. C.I. 4.168.353. Fundación Afroamérica y La Diáspora Africana.
38. Ricardo Dorado. Exmiembro y excoordinador del área de Defensa Jurídica de Provea (1991 – 1995). Excoordinador General del Colectivo Aportes (1995-1999). Miembro del área de Defensa Jurídica de Provea (1991 – 1995). Coordinador de Área (1995).
39. Colectivo Tinta Violeta.
40. Federación Latinoamericana de Asociaciones Familiares de Detenidos – Desaparecidos (FEDEFAM).
o Voces latentes.