Después de la Guarimba

24 agosto, 2014

BALANCE DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Antonio J. González Plessmann – GISXXI

I. El contexto
Una parte del liderazgo de la oposición impulsó una estrategia insurreccional entre febrero y junio de este año, obligando al resto del liderazgo de la oposición a plegársele para no lucir complaciente frente a su base social. Sectores importantes de clase media y alta se movilizaron, una vez más, convencidos de que con su acción lograrían desalojar al chavismo del Estado. Existe una peligrosa cultura instalada en estos sectores sociales que les permite autopercibirse como víctimas de un gobierno autoritario, a partir de lo cual legitiman acciones de fuerza y se impermeabilizan ante la visión del mundo de las mayorías populares. Por ello, son presa fácil del oportunismo de sectores de oposición que los activan para dirimir sus conflictos internos por el liderazgo.

Los sectores populares venezolanos, aunque sufren el impacto de la crisis económica, no se sumaron a la movilización de la derecha,dado su acumulado de conciencia política, labrada a partir de su protagonismo en la construcción del contenido igualitario de la democracia venezolana. El Gobierno no solo no cayó, sino que al igual que en anteriores intentos opositores desleales con la democracia, salió fortalecido.

II. La instrumentalización de los derechos humanos (DDHH)
La oposición política, las ONG de DDHH que le son aliadas (nacionales e internacionales), el gobierno de EEUU ylas corporaciones mediáticas internacionales, animaron una matriz según la cual en Venezuela, durante las Guarimbas, había una “grave crisis de DDHH”. El objetivo es evidente y carece de novedad: no se trata de proteger realmente a los DHHH del pueblo venezolano, sino de promover un régimen de visibilización selectiva de la situación de los DDHH en el país, que apunta a deslegitimar el proceso de cambios iniciado en 1998. Los DDHH son vaciados de su contenido protector de la dignidad humana y convertidos en instrumento para lograr un objetivo político.

III. El balance internacional
En el ámbito internacional, si juzgamos por el centimetraje y enfoque de la cobertura mediática hegemónica y por las declaraciones de algunas instancias multilaterales de DDHH (como la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH), se puede concluir que la estrategia instrumentalizadora tuvo un éxito parcial. No lograron nada, sin embargo, entre los gobiernos de la región ni en los foros multilaterales regionales, que apoyaron sin reservas a la democracia venezolana. Un signo alentador, en este ámbito, es que una misión, de bajo perfil, de respetadas ONG de DDHH de América Latina (no identificadas con el chavismo) que visitó el país en julio de este año, concluyó que “en Venezuela pasa lo que en el resto de nuestros países, aunque probablemente con mayor intensidad en su polarización. Hay una crisis política, pero no una crisis de DDHH”. En consecuencia, descartaron realizar un pronunciamiento público y se plantearon la necesidad de diversificar sus fuentes de información y cualificar su mirada sobre el país.

IV. El balance nacional
En el ámbito nacional, esta nueva arremetida generó algunos saldos positivos que apuntan a fortalecer capacidades. De esa coyuntura nació el Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia estatal que tiene como mandato articular a las instituciones y políticas públicas en la materia, para cualificar y aumentar su impacto. Por otra parte, desde la sociedad, la coyuntura ayudó a nacer, el 10 de mayo de 2014, a “SurDH. Red Alternativa de DDHH”, espacio que articula a cerca de 40 activistas de DDHH con más de 20 años de experiencia en el área (la mayor parte de ellas/os formadas/os en ONG de DDHH que hoy están alineadas con la oposición pero que alguna vez fueron parte de la corriente histórico social de la que nació la Revolución Bolivariana). Sin ser su objetivo principal, SurDH viene a minar el monopolio de la derecha en el campo de los DDHH. Cuestiona el “secuestro liberal” y la “instrumentalización” de los derechos y propone un enfoque transformador, que los vincula a las luchas contrahegemónicas de nuestro pueblo.

V. Los retos
Que sean instrumentalizados por la derecha no significa que no haya violaciones a los DDHH en Venezuela. La reciente denuncia, publicada en el Correo del Orinoco el 02 de agosto de 2014, formulada por la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (Anmcla), el Movimiento de Pobladores, Tiuna el Fuerte y SurDH, entre otros movimientos de izquierda, demuestra que, pese al inicio de una reforma policial, sigue habiendo mucho por hacer para revertir el modelo represor y criminalizador de la pobreza por parte de nuestros cuerpos policiales y del sistema de justicia penal en general.

En el contexto de las guarimbas es evidente, además, que hubo actuaciones violatorias a los derechos, siendo las más graves los cuatro asesinatos presumiblemente cometidos por funcionarios de seguridad. El reconocimiento de estos casos por parte del alto Gobierno y la actitud responsable de la Fiscal General, que ha informado semanalmente del curso de las investigaciones, demuestran una voluntad política contraria al tradicional encubrimiento. Ello no es, sin embargo, suficiente. Resulta fundamental que todas las violaciones a los DDHH ocurridas durante las guarimbas sean investigadas y efectivamente sancionados sus responsables, así como modificadas las condiciones que las hicieron posible. En esta última dirección, cabe exigir que la Reforma Policial iniciada en 2006 sea evaluada, profundizada, sometida a una calendarización y ampliada a otros cuerpos de seguridad como la GNB, el Cicpc y el Sebin.

Por otra parte, la Revolución tiene como retofortalecer sus capacidades globales en el campo de los DDHH. Deben ser reivindicados al menos desde tres dimensiones: a) como un campo en disputa, en el que desde la izquierda tenemos aportes relevantes para reconstruirlos y potenciar su componente transformador; b) como unas poderosas herramientas de lucha, que cuentan con altísima legitimidad nacional e internacional y que han servido históricamente de apoyo a nuestro pueblo; y c) como un pilar ético-político de la Revolución, que aporta contenido sustantivo al socialismo del siglo XXI.

La izquierda y los derechos humanos

Antonio J. González Plessmann *

SURDH

La izquierda se ha relacionado de diversas maneras con el discurso de los derechos humanos. Realizamos aquí un ejercicio de tipificación que, por supuesto, no pretende agotar la complejidad e hibridación de las posiciones que se expresan en la vida política del país, sino servir de entrada a la visibilización de algunos retos de la Revolución Bolivariana en este campo.

1. Rechazo. Una parte de la izquierda desprecia el discurso de los derechos humanos por considerarlo un dispositivo liberal – occidental – colonial que sirve para disimular, tras la igualdad formal (“igualdad ante la ley” o “igualdad de oportunidades”), las desigualdades reales que el capitalismo genera. Entiende que los derechos humanos son, solamente, los derechos civiles y políticos (DCP) o “libertades públicas” e implican, exclusivamente, un comportamiento estatal de abstención (no afectar la propiedad privada, no impedir la expresión, no entrometerse en la vida privada, etc) que es equivalente al rol del Estado que propone el liberalismo económico. Cuando la Revolución Bolivariana es atacada por Human Rights Watch o el Departamento de Estado de los EEUU, este sector siente ratificada su opción.

2. Aceptación como techo. Por el contrario, otro sector de la izquierda considera que en el discurso hegemónico de los derechos humanos (aquel que lo asimila a DCP y a un comportamiento estatal de abstención) se agota el horizonte de posibilidades de mecanismos y garantías para la protección de la dignidad individual y colectiva. Aceptan lo que existe como lo único posible; convierten en techo, lo que debe ser piso. Esto es particularmente visible en una parte de la izquierda que sufrió en carne propia genocidios o persecuciones políticas; así como en un sector de “criminólogos críticos” que convirtieron a los derechos civiles en el único límite al punitivismo. Con esa versión de derechos humanos “de baja intensidad” han venido, también aceptando el modelo de democracia que les es consustancial (la liberal, representativa, de economías de mercado). Han venido dejando de ser de izquierda, aunque no siempre se lean así y, en el contexto venezolano, se encuentran, por lo general, alineados con la oposición.

3. Tecnocracia social de los derechos. Una versión “progresista” de la anterior es la reivindicación de la interdependencia entre los DCP y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC); así como la reivindicación de rol activo del Estado para intervenir en la vida colectiva y corregir desigualdades. Aunque los DESC y el Estado “fuerte” no forman parte de la visión hegemónica de los derechos humanos (la que cuenta con más instituciones, mecanismos, instrumentos, doctrina y difusión en medios masivos), sí están reconocidos en importantes, aunque minoritarios, instrumentos internacionales y doctrina. Quienes se relacionan con el discurso de los derechos humanos desde aquí, se mueven solo dentro de los límites que el derecho internacional establece. En su versión tecnocrática, no cuestionan el origen político, económico e ideológico de los instrumentos, instituciones, doctrina, decisiones de instancias internacionales, por temor a “debilitarlas” y relativizar “la universalidad” de los derechos.

4. Construyendo derechos de “alta intensidad”. Una cuarta forma de relacionarse con los derechos humanos es la que apuesta por aumentar su intensidad transformadora en beneficio de los sectores estructuralmente excluidos y/o subordinados. Reconoce el carácter de construcción política de los derechos y potencia, tanto desde adentro del derecho internacional, como desde afuera, las visiones contrahegemónicas que apuntan hacia la democratización de las relaciones humanas, en todos los ámbitos de la vida. Desde adentro, promueve los DESC, los derechos de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, la radicalización del principio de igualdad y no discriminación entendido como superación de las desigualdades estructurales a partir de la discriminación positiva a favor de los sectores más vulnerables; así como un rol activo del Estado para garantizar la igualdad real de los DCP. Desde afuera del derecho internacional realmente existente, promueve la necesidad de reconstruir del derechos humanos en función de un diálogo “cosmopolita” que incorpore las visiones de dignidad humana de pueblos y culturas no occidentales; entiende que la organización y movilización popular son, en sí mismas, garantías para el logro efectivo de los derechos y reivindica que solo un contexto de democracia económica, política y cultural permite el goce efectivo de los derechos.

Los derechos humanos son, a la vez, herramientas de lucha y campos de batalla (terreno de disputa). Rechazarlos en bloque (Tipo 1), equivale a perder por forfait y ello explica, en parte, por qué hoy el discurso de los derechos humanos es visto más como un discurso de la oposición que del proceso de transformación. Aceptar su visión hegemónica, asociada a la democracia liberal (Tipo 2), es claudicar. Moverse, temerosamente, en el margen de lo que existe (Tipo 3) es renunciar a la denuncia de todo aquello que, en el propio discurso de los derechos humanos, efectivamente legitima la desigualdad; así como a la posibilidad de ampliar y profundizar las garantías para la protección de la dignidad humana. La Revolución Bolivariana debe pasar a la ofensiva en este campo: dejar solo de reaccionar y defenderse y proponen una ruta y una agenda propia (nacional e internacional), consistente con el cuarto enfoque presentado aquí, que visibilice la profunda interdependencia existente entre construcción de una democracia socialista y goce efectivo de los derechos humanos para todas las personas y pueblos. La reciente creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos; así como las consistentes respuestas del Canciller Jaua a los ataques internacionales, son excelentes oportunidades para insistir en esto.

* Director de la Línea de Investigación en Convivencia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de GIS XXI

Fuente: http://alainet.org/active/74770

El voluntarismo fascista desprecia al pueblo

25 febrero 2014

Alba Carosio
Red La Araña Feminista – SURDH


El 8 de diciembre el pueblo venezolano manifestó en las urnas su apoyo mayoritario al proceso revolucionario. Esas elecciones no solamente sirvieron para elegir las autoridades municipales, sino también para reafirmar el compromiso de la mayoría con la Revolución.

Desde entonces, las estrategias opositoras arreciaron.

Por un lado, la guerra económica compuesta por aumentos colosales de los bienes, acompañada por escasez de productos más sensibles en los rubros de alimentación, salud, higiene, etc. Por otro, la presión sobre el dólar empujada por quienes reciben divisas para importar y luego venden a precios calculados al cambio no oficial. Especulación, acaparamiento e inflación son las armas de la guerra económica en desarrollo. Del mismo modo, la magnificación por saturación informativa de la situación real de la delincuencia, creando un imaginario de peligro inminente y constante.

Las percepciones de quienes viven en las zonas de clase media acomodada de Caracas y algunas otras ciudades se instalaron como su única referencia. Y sus dirigentes más visceralmente antipueblo tomaron la delantera, en desafío a otros liderazgos oposicionistas a quienes acusan de débiles y conformistas.

Leopoldo López y María Corina Machado instaron a buscar “La Salida” “prendiendo las calles” y con su acostumbrada soberbia llamaron “a  movilizar al país”, apelando a la audacia, la fuerza y la voluntad como elementos aglutinantes en torno al deseo de eliminación expedita del chavismo.

Inmediatistas como son, creyeron tener fuerza suficiente para “incendiar” el país. Y así, convencidos de que la guerra económica había producido un descontento mayor y la pérdida de la base popular del chavismo, se lanzaron por la vía violenta, creyendo que podrían obligar a renunciar al presidente Nicolás Maduro.

También con la secreta esperanza de que la Fuerza Armada interviniera en un país desestabilizado, y por supuesto contando con el recurso siempre a la mano de la intervención extranjera, que sería así presentada como legítima por la “necesidad de proteger a la población civil” y para “defender los derechos humanos”.

Es importante señalar que la apelación a la supuesta violación a derechos humanos y persecución a sus defensores ha sido uno de los recursos propagandísticos más utilizados a nivel internacional, recurriendo a ciertas organizaciones de derechos humanos que sistemáticamente se prestan para presentar denuncias sesgadas, y avalar protestas violentas pretendidamente inocentes.

En las redes sociales de internet circulan instrucciones para organizar bloqueos de calles y ataques a instituciones; se envían y reenvían convocatorias a marchas y concentraciones, a las que por cierto, no acuden líderes y sí una mezcla anárquica de motorizados y peatones, entre los que asoma cierto paramilitarismo. Mientras tanto algunas de las voces de la oposición califican a esta estrategia como de “loquitos” radicales, que solo plantean protestar por protestar, y comienzan a reconocer que les espera una nueva derrota.

En todo esto podemos reconocer los males del pensamiento grupal, ilusiones compartidas no racionales, que fueron definidas por Irving Janis en 1972.

Están presentes en estas acciones: ilusión de invulnerabilidad; creencia incuestionable en la moralidad inherente al grupo; estereotipos compartidos sobre personas fuera del grupo, especialmente oponentes; ilusión de unanimidad, presión directa a quienes se opongan a conformarse, y miembros que protegen al grupo de información negativa.

En su tradicional desprecio por lo popular, siguen negando la voluntad mayoritaria claramente expresada en las elecciones, creyendo que constituyen una vanguardia esclarecida y educada, obviando la cultura y madurez política masiva que es legado de del comandante Hugo Chávez.

Ensimismados en sus propias fantasías, se olvidaron –como siempre- del pueblo. Ese que quiere seguir construyendo paz e igualdad real, que quiere seguir destruyendo la pobreza, que ha demostrado y demuestra que no aceptará nunca más liderazgos sin ética.

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/voluntarismo-fascista-desprecia-al-pueblo/

Activistas denuncian matriz de opinión sobre violación de DDHH cuyo fin es deslegitimar al gobierno (Prensa)...

http://www.avn.info.ve/node/224024

Caracas, 26 Feb. AVN.- Un grupo de 34 activistas defensores de los derechos humanos pertenecientes a organizaciones venezolanas expresaron su preocupación ante el intento de la derecha de posicionar una matriz de opinión según la cual en el país se reprime a los jóvenes que ejercen su derecho a la protesta pacífica, quienes supuestamente son asesinados por el Gobierno y “colectivos armados” como parte de una situación generalizada y sistemática de violación de los derechos humanos.

Con base en una investigación que coteja informaciones publicadas por medios de comunicación nacionales e internacionales con declaraciones de autoridades del Ejecutivo desde el pasado 12 de febrero, este miércoles a través de un documento afirmaron que tal matriz “evidentemente” tiene la intención de deslegitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro en el país y el extranjero.

Su objetivo es forzar una “salida” no prevista en la Constitución, como ha sido la consigna pública proferida por el derechista Leopoldo López, hoy investigado por la presunta comisión de los delitos de determinador de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, durante los hechos violentos del día mencionado, de conformidad con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo

Resaltaron los expertos que parte de esta estrategia es utilizar los derechos humanos como instrumento para debilitar a un gobierno electo democráticamente  “y, con ello, vulnerar el derecho a elegir de la mayoría de la población que se expresó en las elecciones presidenciales de abril tanto como en las regionales de diciembre de 2013″.

Recordaron que hasta la fecha 11 personas han fallecido de manera violenta desde que comenzara la espiral de agresiones ocasionada por grupos de choque desde el pasado 12 de febrero.

“En resumen, cuatro de las víctimas fatales han sido atribuidas a los cuerpos de seguridad y las otras siete, a la acción de otros civiles. Lamentamos todas estas muertes, en los mismos términos, y exigimos a los Poderes Públicos el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y la modificación de las condiciones que hicieron posible esas muertes”, expresaron los activistas en el documento.

También solicitaron a los poderes públicos continuar las investigaciones sobre las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y rechazan cualquier acción que vaya en contra del nuevo modelo de seguridad promovido por el Gobierno Nacional y consagrado en el Plan de la Patria 2013-2019.

Rechazaron el llamado hecho por factores de la derecha para desconocer los canales constitucionalmente legítimos y forzar una salida anticipada del actual gobierno, en contra de la mayoría de la población que ha respaldado al Gobierno Bolivariano en 18 procesos electorales.

Además, manifestaron su respaldo al diálogo nacional hecho por el gobierno dentro de las normas de la democracia y repudiaron la injerencia e intervencionismo de países extranjeros en los conflictos “que deben resolver la sociedad venezolana y sus instituciones democráticas”.

También condenaron la manipulación que se ha hecho de la situación nacional desde algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, así como de organizaciones de la autodenominada sociedad civil.

“Presentan una sesgada e inescrupulosa imagen de la realidad nacional, que alienta la violencia y la confrontación al invisibilizar las responsabilidades de algunos de los actores del conflicto”, dice el comunicado.

Criminalización de sectores civiles

Para el grupo activista otro punto que debe destacarse en la coyuntura nacional es la criminalización “de la vaga figura de los colectivos armados o colectivos chavistas motorizados”, que son presentados como grupos parapoliciales, y acusados en medios masivos y redes sociales como responsables de graves delitos, en supuestos enfrentamientos con los manifestantes opositores.

Ante ello, rememoraron que tanto el comandante Hugo Chávez como el presidente Maduro han puntualizado que los grupos que defienden la lucha armada deben correr con las consecuencias de colocarse al margen de la ley.

“La presencia de algunos civiles armados en manifestaciones de la oposición ha generado la demonización de cualquier motorizado de los sectores populares o colectivo que simpatice con el chavismo. Así se han justificado dispositivos como las guayas (alambres) extendidas en calles y avenidas, a una altura de 1,20 metros aproximadamente, que ya han cobrado dos víctimas fatales”, precisa el texto.

Interrupción violenta de diálogo nacional

Por otra parte, el grupo activista recordó que a finales de enero se produjo un hecho inédito: miembros de la oposición y el Gobierno deciden trabajar coordinadamente en materia de seguridad ciudadana, a partir del llamado al diálogo hecho por el Ejecutivo.

Esas acciones se vieron reforzadas por la ofensiva económica impulsada por el jefe de Estado desde principios de noviembre pasado, para disminuir la especulación y reforzar el abastecimiento. No obstante, al inicio de febrero se produjeron los primeros hechos de violencia en el estado Táchira, coincidiendo con el llamado a tomar las calles realizado por la diputada de derecha María Machado y Leopoldo López.

“Estas jornadas acaban respondiendo a la agenda político-partidista que busca forzar la salida anticipada del gobierno actual. Este carácter también explicaría la concentración de manifestaciones en los estados y en las zonas de la capital donde la oposición tiene mayor número de adeptos. Como era predecible, estas jornadas interrumpieron el diálogo entre Gobierno y oposición”, enfatiza el texto.

Los activistas y militantes firmantes forman parte, entre otras organizaciones, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Red de Colectivos La Araña Feminista, Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), Defensoría del Pueblo y la Fundación Afroamérica y La Diáspora Africana, entre otras.

Foro “Izquierda y derechos humanos en Venezuela”. GIS XXI

17 de junio de 2014

La consultora venezolana GISXXI organizó un evento de discusión sobre los desafíos en derechos humanos que derivan de la situación política nacional. Intervienen Antonio González Plessmann (GISXXI-SURDH), Marieva Caguaripano y Ana Barrios (SURDH), y Larry Davoe, secretario encargado del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Human rights situation in Venezuela: An alternative view

Caracas, February 24, 2014

We are a group of Venezuelan human rights activists that have worked for decades in local human rights organizations. Concerned about the current situation in Venezuela, we have decided to take part in the public discussion surrounding recent events with the following comments, findings and recommendations:

About the instrumentalization of human rights discourse
In 2003, Amnesty International warned about the instrumentalization of the human rights discourse in Venezuela [1]. In the current context, this warning remains valid. We are concerned to see how certain sectors of the opposition are trying to convince national and international public opinion that a group of peaceful Venezuelan demonstrators are being repressed and killed by police forces and paramilitary groups, in a context of generalized and systematic human rights violations.

The obvious purpose of this campaign is to delegitimize President Maduro’s government, both at home and abroad, and to force Maduro to step down [“la salida” or "the exit"] [2] through unconstitutional means. Thus, we believe that a human rights discourse is being used to undermine a democratically elected government, in a strategy that violates the democratic will of the majority that was expressed in last year’s presidential and regional elections, held in April and December, respectively.

About the victims
We follow with concern reports of human rights violations and the escalation of violence. In this document, we register the reports about beatings and ill treatment attributed to police and military forces, and the killing of civilians, both by security officials and by armed civilians as of the 24th of February.

An analysis of the cases of violent deaths points to the criminal responsibility of both public and private actors. Up to now, we have known about the following cases:

1. Montoya, Juan (40), 12.02.14, Caracas. Montoya was a chavista leader from the neighborhood “23 de Enero”, west of Caracas. He was killed by gunshot. According to investigations, police intelligence officers of the Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) are responsible for his death [3]. Officers involved did not comply with governmental orders of confinement during the day of the demonstration, and are currently in the custody of the Public Attorney Office.

2. Dacosta, Bassil (24), 12.02.14, Caracas. A young worker who took part in the first opposition demonstration in Caracas that ended in violence. He was killed in the same street as Juan Montoya, a few minutes after Montoya was shot dead. Government investigations point to the same suspects [4].

3. Redman, Roberto (28), 12.02.14, Caracas. An opposition demonstrator, he was the first to assist Dacosta. He was killed several hours later, in a protest in Chacao, east of Caracas. Some witnesses indicate that armed civilians are responsible for his death.

4. Méndez, José Ernesto (17), 12.02.14, Cumaná, Edo. Sucre. Mendez died after a privately owned vehicle ran over him, causing severe injuries in his head. According to preliminary versions, he was killed during a student protest that included shutting down a public street. In a public speech, President Maduro included the victim in the toll of violence. The Public Attorney’s investigation indicates that the case may be unrelated to political violence.

5. Carmona, Génesis (22), Valencia, Edo. Carabobo. 19.02.14. Carmona was shot from behind while taking part in an opposition demonstration. Investigations concluded that gunfire came from within the same group of demonstrators in which the victim was demonstrating.

6. Castillo, Ángel (36), Ciudad Guayana, Edo. Bolívar, 20.02.14. Worker at the Sidor state- owned steel company.. He died shortly after receiving a gunshot in the neck, while he was standing with a group of work colleagues at the end of a pro-government peace demonstration. The shot came from a nearby building where the police found an arsenal of long and short guns.

7. Martínez, Arturo Alexis (54), Barquisimeto, Edo. Lara. Chavista activist, the victim was the brother of MP Armando Martínez, member of the pro-government party, PSUV. He died as a result of a gunshot that came from a nearby building, while he was clearing a path through a protesters’ barricade in the street so that he could continue driving to work.

8. Pedroza, Santiago Enrique (29), 21.02.14. Mcpio. Sucre, Edo. Miranda. While riding a motorcycle in a main avenue of Caracas, he drove through a metal wire strung across a street by opposition demonstrators that cut his throat.

9. Lobo, Delia Elena (37), 21.02.14. Mérida, Edo. Mérida. Lobo died as a result of severe injuries caused by a motorcycle accident. When riding with one of her sons, they ran into a wire trap on the road put in place by opposition demonstrators.

10. Márquez, Alejandro (43), Caracas, 21.02.14. Died as a consequence of blows to the head delivered by National Guard (GNB) officers repressing a small demonstration. Seven officers are being investigated regarding this case [5].

11. Moreno Orozco, Geraldine (23), Naguanagua, Edo. Carabobo, 22.02.14. According to relatives and witnesses, an officer of the GNB shot the victim in the face with plastic pellets while she was taking part in a demonstration on 19.02.14. She died three days after.

The analysis of this data shows that four fatalities appear to have been caused by actions of security forces6, while the other seven victims would have been caused by actions perpetrated by civilians. We deeply regret all those that have died in equal terms. We demand a thorough investigation by the public authorities, the application of sanctions to those responsible for the deaths [7], and the adoption of measures to prevent the circumstances that allowed them to happen from reoccurring.

We also demand an investigation into reports covered by national media, including testimonies of young detainees in Carabobo, alleging incidents of torture and ill treatment. Criminal investigations must also include the damage caused by demonstrators that have been destroying or vandalizing private property, and more so, against public services facilities, such as those pertaining to the Metro of Caracas [8], the public food chain Pdval [9], the national telephone company, Cantv [10], and several electrical supply facilities [11].

About the origin of the protest and the main players
At the end of January, an unprecedented development in the polarized context that has existed in recent years took place. The Government issued a call for national dialogue, in order to design a national agenda for citizen security, and opposition leaders decided to coordinate with the authorities. At the same time, the Government adopted a series of urgent measures to control the effects of speculation and shortage of basic goods.

At the beginning of February, while the dialogue was taking place, the first incidents of violence took place in Táchira, a state of strategic importance due to the fact that it is the epicenter of the illegal smuggling of basic goods to Colombia. This violence took place at the same time as opposition leaders María Corina Machado (MP) and Leopoldo López12, leader of the party Voluntad Popular, issued a public call to their supporters to take to the streets to force the departure of the constitutional government.

Until the day before February 12, the opposition students’ movement demonstrated in order to demand the liberty of those detained following the violent episodes in Táchira. Demonstrations began peacefully, but as the day progressed the protests became violent, and a spiral of violence extended for days. Their initial call was quickly substituted by the call to take to the streets, in order to force the ousting of the government.

In demonstrations such as these, there are people who demonstrate peacefully, while the actions of others suggest that they are demonstrating with the purpose of generating violence [13]. As has been the case in similar instances recently, these events end up being used to promote a partisan agenda that seeks the early departure of the current government. This aspect of the protests would also explain why most of the demonstrations are taking place in the states and in the areas of Caracas where the opposition has more support. As could be expected, the interruption of the dialogue between the Government and the opposition was one of the outcomes of the protests.

Criminalization of civil sectors
Another issue worth highlighting, that’s related to the roster of fatalities, is the criminalization of the vague concept of “armed collectives” or “motorized chavista collectives”, which are accused of being paramilitary groups. Media and social networks have indicated that these groups bear responsibility for serious crimes, in supposed clashes with opposition demonstrators.

For over three decades, there have been small leftwing groups in several parts of the country that uphold the armed struggle, and most of them have said they sympathize with the Bolivarian Government. Given the fact that these groups are armed, President Chávez emphatically asserted the state’s monopoly on the legitimate use of force and warned these groups that they would face consequences if they violated the law [14]. President Maduro has had the same stance. He recently said about the presence of armed civilians in demonstrations: “They shouldn’t have been there in the first place. [Those that used guns] must go to prison” [15].

Due to the presence of some armed civilians at opposition demonstrations, any motorcyclist from working class areas or from motorcycle collectives that support the government are facing public demonization by opposition sectors. This has been used to legitimize the use of wires to block streets and avenues – the wires are strung across streets at a height of around 4 ft , and have been the direct cause of the death of two civilians.

In view of all of the above:

1. We demand that public authorities’ carry out thorough and rigorous investigations of all human rights violations.

2. We strongly reject violations of human rights committed by security forces during some demonstrations of the opposition. These actions are contrary to the new paradigm of security fostered by the Government and enshrined in the “Patriotic Plan” (Plan de la Patria).

3. We reject any call by members of opposition parties to ignore the constitutional procedures that allow for the removal of a government before the end of its term in office. These actions not only are contrary to democratic rule, but also, more directly, clash with the will of the majority of the population, which has backed the government in eighteen democratic elections.
4. We call on the population to avoid responding to the provocations of political sectors that promote violence as a means of advancing their demands, and to denounce these positions before the relevant public authorities.
5. We support the call for a national dialogue, and we urge all parties to take an active part in it, with the purpose of settling their political differences in a responsible manner, with due respect for the rules of democracy and of the social and democratic state of law and justice.
6. We reject the intervention and interventionism of foreign countries in a conflict that must be resolved by Venezuelan society and its democratic institutions.
7. We condemn the misrepresentation of the situation by some national and international media, as well as by several organizations claiming to represent “civil society”, who have presented a distorted and pernicious image of national reality, one that encourages violence and confrontation and fails to acknowledge the responsibilities of several key actors of the conflict. We call on the international community, and most of all on human rights organizations, to corroborate and confirm the information they receive from Venezuela.
Signed by 34 human rights activists that have worked during the past two decades in Venezuela’s human rights NGO.

Notes

1 Amnistía Internacional, “Venezuela: Una Agenda de Derechos Humanos ante la crisis actual”. 2003.

2 “Salida” or “the exit” is the public slogan of the political movement of Leopoldo López.

3 Caracas, 22/02/14: Funcionarios del Sebin que dispararon el 12-F fueron detenidos y entregados a la Fiscalía. Alba Ciudad. In: [http://www.aporrea.org/ddhh/n245737.html]

4 Ídem

5 Days later, the President of the National Assembly, Diosdado Cabello, suggested that Marquez could have been murdered by someone from the paramilitary group of which he was a member. Cabello showed images in social networks that showed Marquez carrying guns, purportedly while on paramilitary training.

6 There are several sources in national media, including: Caracas, Ultimas Noticias, 22/02/14. Funcionarios del Sebin y “vinculados al chavismo” presos por sucesos del 12F. In: [http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/funcionario-del-sebin-que-disparo- el-12-f-esta-det.aspx]; Caracas, Ultimas Noticias, 22/02/14. Amigos de Geraldine Moreno rezaron por su alma. In: [http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/murio-geraldine-moreno-estudiante-que-fue- herida-e.aspx]; Caracas, El Universal, 22/02/14. Falleció ingeniero golpeado en manifestaciones de la Candelaria. In: [http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140221/fallecio-ingeniero-golpeado-en- manifestaciones-de-la-candelaria]

7 Caracas, Noticias 24, 22/02/14. Maduro anuncia detención de funcionarios del Sebin: “No protejo a nadie que dispare”. In: [http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/223727/?ppp]

8 Caracas, Mpptt, 22/02/14. El Troudi entregará a Fiscalía evidencia audiovisual de ataques al Metro de Caracas y el Mpptt. In: [http://www.mtt.gob.ve/?p=2164]
9 Maracaibo, Panorama, 20/02/14. Ministro Osorio informa que fue atacada sede de Pdval en el estado Carabobo [http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia100782.php]

10 Caracas, Tecnoinforme, 21/02/14. Trabajadores de Cantv repudian ataques a sus instalaciones. In: [http://www.tecnoinforme.com/2014/02/21/trabajadores-de-cantv-repudian-ataques-a-sus-instalaciones/]

11 Caracas, Entorno Inteligente, 21/02/14. Destrozos de grupos violentos a instalaciones eléctricas de Venezuela. In: [http://www.entornointeligente.com/articulo/2082414/GLOBALES-En-fotos-Destrozos-de- grupos-violentos-a-instalaciones-electricas-de-Venezuela-]
12 Caracas, Diario de Caracas, 23/01/14. López y Machado llaman a “prender las calles de lucha”. En: [http://diariodecaracas.com/politica/leopoldo-lopez-maria-corina-machado-haran-anuncios-importantes-hoy- lasalida]

13 Caracas, El Universal, 22/02/14. Cabello anunció la incautación de 360 bombas molotov en Carabobo. In: [http://m.eluniversal.com/nacional-y-politica/140222/cabello-anuncio-la-incautacion-de-360-bombas-molotov- en-carabobo]
14 Caracas, Noticias 24, 07/02/09. Chávez pide que se detenga a Valentín Santana y regaña a Lina Ron. In: [http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/24191/chavez-pide-que-se-detenga-a-valentin-santana-y- regana-a-lina-ron].

15 Ver referencia en nota 3.